CIDH recomienda tipificar el reclutamiento de menores por el crimen organizado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a los países de América, incluido México, tipificar como delito autónomo el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por organizaciones criminales. La medida forma parte de la Resolución 1/26, aprobada el 28 de febrero de 2026 y presentada el 10 de marzo, que reúne 50 recomendaciones para responder al crimen organizado con un enfoque de derechos humanos.

El documento propone que las personas menores de 18 años reclutadas sean reconocidas como víctimas, incluso cuando los grupos las utilicen indirectamente. También recomienda investigar los casos, aplicar sanciones proporcionales a los responsables y asegurar protección, atención psicosocial, reintegración familiar y acceso a la educación.

Prevención y alertas tempranas

La CIDH plantea crear mecanismos de alerta temprana para detectar riesgos de captación, incluidos los que se presentan mediante redes sociales y otras plataformas digitales. Asimismo, recomienda fortalecer escuelas, servicios sociales y oportunidades de empleo para reducir condiciones que pueden facilitar el reclutamiento.

La resolución también llama a los Estados a identificar, mediante estudios y diagnósticos, los territorios y las instituciones públicas donde las organizaciones criminales ejercen control o influencia. Para atender a las comunidades afectadas, señala que la recuperación territorial debe acompañarse de servicios públicos, acceso a la justicia, educación, salud y oportunidades económicas, y no limitarse a la presencia policial o militar.

Protección para víctimas, periodistas y comunidades

Entre sus recomendaciones, la CIDH pide reforzar la protección para periodistas, personas defensoras de derechos humanos y quienes buscan a personas desaparecidas, así como investigar las agresiones para identificar y sancionar a sus autores materiales e intelectuales. También propone ampliar la asistencia jurídica, el acompañamiento psicológico y la reparación para víctimas y testigos expuestos a amenazas o represalias.

El organismo incluye medidas específicas para mujeres, niñas y adolescentes frente a la violencia sexual y la explotación, entre ellas refugios, atención especializada e investigaciones con perspectiva de género. Además, reconoce afectaciones a comunidades indígenas y rurales relacionadas con el despojo de tierras, la extorsión y la tala ilegal.

La resolución sostiene que las respuestas al crimen organizado requieren prevención social, instituciones de justicia sólidas y protección de los derechos humanos. Advierte que las medidas centradas principalmente en el endurecimiento penal y el encarcelamiento no bastan, por sí solas, para resolver las causas estructurales de la delincuencia.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *